Dos conductores de la multinacional francesa han sido expedientados con cuatro mil euros por llevar viajeros sin la autorización de Transportes

La Comunidad de Madrid va a sancionar a la filial española de «BlaBlaCar», Comuto Iberia, por ofrecer y facturar servicios de transporte público de viajeros sin disponer del título habilitante requerido, según la información oficial a la que ha tenido acceso ABC. La Consejería de Transportes ha abierto, además, expedientes sancionadores contra dos conductores dados de alta en esta aplicación de internet, que conecta a desconocidos a través de su plataforma para compartir trayectos en coche y los gastos que de este se generan. Las infracciones son de carácter muy grave y grave, por vulnerar los artículos 140.2 y 141.7 de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), que derivan en multas de 4.001 euros y 801 euros. Un portavoz de Comuto Iberia aseguró el viernes a este diario que no han recibido ninguna notificación de la sanción.

Según la Inspección de la Consejería el motivo de la multa es que, careciendo de la autorización para ese servicio regulado, ha quedado «constatado» que «el importe total cobrado» por estos conductores «por los trayectos realizados se excede del importe resultante de compartir los gastos del trayecto entre los diferentes viajeros». Es decir, habría evidencias de lucro y, por tanto, competencia desleal en un sector muy regularizado. Una acusación que desde la compañía niegan.

Los conductores fueron notificados de la apertura del expediente en agosto y presentaron alegaciones, que han sido desestimadas por el Área de Inspección de la Consejería. Aunque la sanción aún no es firme, supone el primer aviso serio a navegantes que recibe en Europa el gigante francés, que este verano alcanzó los 3 millones de usuarios en España y los 35 millones en los 22 países en los que opera.

Hay que recordar que Bla Bla Car aguarda en España a la sentencia del juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid por presunta competencia desleal. La demanda fue presentada en mayo de 2015 por la Confederación Española de Transporte por Autobús (Confebus), que denuncia que la plataforma actúa como intermediaria de un servicio profesional sin licencia. Se espera que el juez resuelva en próximas fechas.

Procedimiento contra la filial

En paralelo a esa importante causa judicial, el Gobierno de Cristina Cifuentes inició a comienzos de año un procedimiento contra la filial española Comuto Iberia por obstrucción de la labor de inspección. La Consejería de Transportes que dirige Pedro Rollán le envió en febrero y en abril de 2016 sendos requerimientos sobre el listado de personas que actúan como conductores ofertando plazas en sus vehículos mediante la plataforma digital y también sobre el número de viajes totales auspiciados por este método. Finalmente, la compañía remitió la documentación, de la que la inspección se ha servido para incoar los expedientes contra los dos citados usuarios que habrían incurrido en lucro.

Fuentes de la compañía aseguraron que ni Comuto ni los conductores han recibido notificación de la sanción. Y rechazan cualquier lucro. «Hemos revisado la actividad de estos usuarios, que no tienen relación contractual alguna con Bla Bla Car, y se ajusta perfectamente a las normas de la empresa y a la legalidad española», señalan.

Desde la plataforma subrayan que el comportamiento de los sancionados ha sido «perfectamente normal». Según su versión, se trata de dos usuarios que viajan regularmente a otras Comunidades por motivos personales que se han ajustado a las reglas de la plataforma Bla Bla Car. «Nosotros sugerimos una aportación por pasajero para compartir los gastos del viaje –gasolina, peaje, seguro, neumáticos, etc.–, que nunca puede rebasar el umbral del coste total del trayecto, para que no exista lucro para el conductor», señala un portavoz de Comuto Iberia.

Este responsable cita el Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE), que en su informe de 2014-2015 fijó la estructura de costes del transporte privado en 28,02 céntimos de euro/kilómetro. Los parámetros empleados fueron: neumáticos, lubricante, reparaciones, seguros, combustible y amortización del vehículo. Según la compañía, los dos usuarios sancionados recibieron aportaciones inferiores a 14 céntimos de euros/kilómetro, por lo que, insisten, «obviamente no han cubierto ni la mitad de los gastos de sus viajes». «Entendemos que al final no habrá sanción para nadie. Es un error de interpretación», zanjan desde Comuto Iberia.

Pendientes del juez

Bla Bla Car es una web que opera en una veintena de países conectando a conductores con otros viajeros para ofertar las plazas libres de su vehículo y compartir los costes –gasolina, peaje–. La empresa obtiene el 20% del precioque paga cada pasajero y hace de intermediario entre estos y el conductor. Se definen como una «red social» que, además de cuidar el medio ambiente reduciendo las emisiones de los coches privados, cubre trayectos que no se ofertan.

La patronal española de autobuses Fenebús, que ha sentado en el banquillo a Bla Bla Car, denuncia que la plataforma colaborativa Bla Bla Car incumple la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre e incurre en un delito de competencia desleal. «No se someten a la normativa del transporte público que exige un seguro de responsabilidad civil de viajeros, horarios limitados a los conductores, tarifas máximas por cada billete, inspección de los vehículos… Podrá haber debate de si se debe desregularizar o no el sector, pero mientras exista una normativa, hay que cumplirla. No vale todo»,.