El Gobierno firmó el 1 de septiembre, con un año de retraso, el convenio con Renfe por 11 millones. Fernández de Alarcón reconoció que el tren convencional el verano pasado fue «un desastre

Será que languidece la legislatura. Pero el consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, subió ayer a la tribuna del Parlamento y reconoció que el servicio ferroviario en verano del pasado año fue «un desastre». Por aquel entonces el Gobierno anunció que había cerrado un convenio con Renfe que garantizaba los servicios de tren convencional. Se puso en funcionamiento de forma «prematura», admitió. Luego se conoció que el acuerdo no se había llegado a rubricar. De hecho, reveló el titular del departamento, que la firma definitiva se produjo el 1 de septiembre, más de un año después de que el Ejecutivo lo hiciese público. En este tiempo se han registrado 552 incidencias –fallos o averías– casi dos al día.

En esta ocasión Obras Públicas mantuvo en secreto la firma definitiva del convenio durante 10 días, hasta que ayer lo explicó Fernández de Alarcón. Por primera vez en tres años el consejero fue autocrítico con algo que tenga que ver con su gestión. Eso sí, sin asumir ni un solo error. El servicio de trenes convencionales fue «un desastre», y los primeros pasos del convenio anunciado en julio del 2013 fueron «lamentables». Pero no porque el Ejecutivo actuase mal, sino porque Renfe se precipitó en activar unos servicios de forma «excesivamente prematura».

Aún así, el convenio, sin firmar, se siguió cumpliendo, con 552 averías y fallos en las líneas. Los problemas de «tramitación administrativa» impidieron la rúbrica formal durante todo un año. Entre otras cosas porque el Ministerio de Hacienda no aceptó las condiciones económicas que contenía el documento, que en un principio ascendía a 13 millones de euros –porque tenía dos fases– y que finalmente solo contempla 11. Estas trabas se han ido arrastrando durante todo el 2014, y el 1 de septiembre se hizo realidad el acuerdo. Sin publicidad. Ni siquiera se ha publicado en la web de la DGA, tal como figura en la Ley de Transparencia aprobada por el Gobierno, y en tramitación parlamentaria.

Fernández de Alarcón admitió que la negociación, en mayo del 2013, fue difícil y dura, que «se trataba de mantener» el servicio o «quedarse» sin ferrocarriles y que aunque no ha sido «todo lo satisfactorio» que quería el Gobierno, es similar al del 2009 y preserva el número de expediciones en la red básica. 552 averías después, y las que se siguen produciendo, el consejero intentó incluso sacar pecho, al recordar que el convenio de ahora es más barato que el anterior e igual de eficiente. Aunque mejoras en el servicio solo pudo nombrar una, que se han pasado de 33 a 26 limitaciones de velocidad. Nada de los descarrilamientos en la línea del Canfranc.

Pese al repentino ataque de sinceridad, la oposición fue muy crítica con la gestión del consejero de Obras Públicas. El socialista José Ramón Ibáñez echó mano de la ironía al destacar la sinceridad y humildad de Fernández de Alarcón: «Quien le ha visto y quien le ve», dijo, y le expresó su apoyo para que «le hagan caso sus compañeros» de Madrid a fin de mejorar unas infraestructuras que están en un estado lamentable.

Gregorio Briz (CHA) aseguró que las dificultades en la firma del convenio, que exigió que se cumpla, son consecuencia de la desidia y la incapacidad del Gobierno aragonés, de que «no pintan nada» en Madrid. Reclamó un plan específico ferroviario para Aragón y más inversiones tras los problemas e incidencias registradas este verano, una estampa de siglo XIX, «porque en el XVIII no había», que hay que erradicar porque queda la sensación de que circular en tren en la comunidad «es una aventura imposible».

Miguel Aso (IU), tras advertir de la «moderación» del consejero ante su vehemencia de otras ocasiones, ha denunciado las escasas inversiones de Renfe y el «lamentable y vergonzoso» estado de la línea de Canfranc, sobre todo ante el horizonte del 2020, año en el que se podría reabrir de nuevo la conexión transfronteriza.