Consideran que la medida atenta contra el principio de libre competencia en el servicio. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia estudia el caso.

La asociación Apymebus, que integra a gran parte de las pequeñas y medianas empresas de transporte discrecional de viajeros en Aragón, ha demandado a la DGA por su iniciativa de sustituir, progresivamente, el servicio específico para el alumnado por el uso de las líneas regulares. Las empresas, que temen por su supervivencia, entienden que la medida vulnera el principio de libre competencia. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón estudia el caso, que está en fase de admisión de pruebas por parte de los demandantes y el Gobierno de Aragón.

La medida del Ejecutivo, adoptada con intención de ahorrar costes, comenzó a implantarse progresivamente hace tres años y recibió pronto las críticas de los partidos de la oposición y de algunas de las familias de los alumnos, que temían una pérdida de calidad del servicio. Algunas de ellas han pensado también en acudir a los tribunales, aunque no hay confirmación de que lo hayan materializado. Apymebus mostró desde el comienzo su malestar por la medida, pero al ir comprobando sus consecuencias se decidió por acudir a los tribunales, representada por los letrados Alberto Delgado, Ignacio de Loyola Rada y Antonio Mateo.

 COMPETENCIA Según explicó Ángel Sanz, presidente de Apymebus, «la DGA no ha contado con nosotros para nada. Solo se reunió con la asociación tras solicitarlo nosotros, pero tenían toda la medida decidida». Al final tuvieron que acudir al juzgado, en un proceso que, admite, se les está haciendo «eterno». Las empresas discrepan incluso de que la sustitución del bus escolar por el transporte regular suponga realmente un ahorro. «Lo dudamos, porque no nos han explicado nada. Pedimos datos al respecto y aún estamos esperando que nos contesten», aseguró.

Las dudas de los empresarios vienen de la reserva de plazas que, en algunos casos, tiene que realizar el Gobierno de Aragón en una ruta regular, de más de 50 alumnos, por lo que la empresa concesionaria ha de habilitar algún autobús de apoyo. Esta reserva de plazas constituye para Apymebus «un derecho de preferencia encubierto», al suponer una adjudicación «de forma discrecional, sin ningún tipo de publicidad ni licitación pública».

Por ello entienden que la medida atenta contra el principio de libre competencia, aunque la DGA la defiende por el ahorro de costes y por el estudio «minucioso» que se realiza de las necesidades de cada línea antes de su sustitución.

Apymebus ve amenazada la supervivencia de empresas de línea discrecional aragonesas «con amplia tradición», en favor de servicios de línea regular que no siempre están enraizadas en la comunidad, según sostienen. Su objetivo no es en sí erradicar la medida, sino conseguir que el Gobierno de Aragón saque a licitación «una por una» las líneas escolares para poder concurrir a un concurso en el que puedan demostrar si su oferta es más competitiva o no que el servicio con el que teóricamente se ahorra.

La medida de la DGA se ha implantado con otras más minoritarias, como que sean los usuarios de línea regular quienes usen el transporte escolar. El PSOE denunció a comienzos de este año que las reordenaciones habían eliminado 230 líneas escolares en la comunidad, y hacían peligrar la supervivencia de unas 60 empresas familiares que las prestaban. También las familias, particularmente en zonas como el Pirineo, han mostrado su malestar por el asunto.