La primera Junta Directiva de Confebus, la confederación integrada por Fenebus y Asintra, se ha centrado en los tres puntos que la nueva organización abordará de forma conjunta, los temas relacionados con la Unión Europea, la competencia entre modos de transporte y la mejora de la imagen del sector del transporte de viajeros por carretera.

Y ha sido precisamente en este último aspecto donde la confederación ya ha comenzado a trabajar. En la reunión mantenida el pasado día 17 de septiembre en la sede de la CEOE, se han presentado a los miembros de ambas juntas directivas varias propuestas encaminadas a realizar una campaña de imagen semejante a las que realiza el ferrocarril en los medios de comunicación dirigidos a todos los públicos. Relanzar los valores de un modo como el autobús, que ha perdido viajeros y que muchos potenciales usuarios perciben como anticuado, será uno de los objetivos en los próximos meses. Para ello, equipos de trabajo de varias agencias de comunicación y marketing están elaborando propuestas que destaquen la capilaridad, la seguridad, la comodidad y la sostenibilidad medioambiental de este modo de transporte.

Calvo y Barbadillo, que han hablado de las líneas maestras del trabajo de la nueva confederación que se presentará oficialmente el próximo 27 de octubre en Ifema en Madrid, han ofrecido explicaciones sobre algunos temas de actualidad como la situación en que se encuentra la devolución del céntimo sanitario y cuándo entrará en vigor el prometido Plan PIVE para los vehículos pesados, un proyecto que fue adelantado en el pasado mes de junio por el Consejo de Ministros y que aún no ha visto la luz.

Emiliano Alonso, director de la Delegación de Fenebus en Bruselas, intervino también para indicar cuáles deben ser las prioridades de Confebus en los organismos comunitarios, y especialmente en la Comisión Europea. A este respecto ha hecho referencia a la carta de emplazamiento que envió la Comisión a España para solicitar explicaciones sobre los plazos de las concesiones en las comunidades autónomas y el denominado derecho de preferencia y el céntimo sanitario –del que ha asegurado que el Estado español tiene la obligación de acatar el Derecho comunitario-.